El proyecto consiste en la construcción de un centro penitenciario preventivo en Anamuya, provincia La Altagracia, República Dominicana, cuya finalidad principal es alojar a personas privadas de libertad bajo condición preventiva, con espacios diseñados para hombres y mujeres. El recinto contará con instalaciones administrativas, torre de vigilancia, áreas de visitas, celdas separadas por sexo, comedores, zonas deportivas, así como infraestructura para manejo de basura y gas. La extensión del terreno o área construida es de aproximadamente 8,953 metros cuadrados.

La entidad encargada de ejecutar la obra es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), en coordinación con la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y el Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria en Higüey (CARP-Higüey). El financiamiento reportado es de aproximadamente RD$ 475 millones para esta obra penitenciaria.

En cuanto al estado actual, al momento de los reportes más recientes el avance de construcción se sitúa en alrededor del 35 %. Se proyecta que la entrega podría ser al principio de 2026, habiéndose extendido el cronograma unos meses debido a ajustes técnicos y logísticos.

El propósito principal de este centro correccional es descongestionar el sistema penitenciario provincial, mejorar las condiciones de detención preventiva, y garantizar que se respeten los derechos humanos, bajo el enfoque de justicia restaurativa y cumplimiento de la Ley No. 113-21 que regula el sistema penitenciario y correccional dominicano. Los servicios que ofrecerá incluyen alojamiento digno para internos preventivos, separación de género, seguridad reforzada, áreas administrativas, visitas, comedores, y actividades que favorezcan la rehabilitación y resocialización. La capacidad será para 560 internos: 488 hombres y 72 mujeres, con espacios separados.

El impacto en el sector penitenciario será significativo: se espera que alivie el hacinamiento en La Altagracia, mejore la seguridad institucional, reduzca vulneraciones de derechos derivadas de condiciones inadecuadas de detención, y contribuya a hacer más eficiente el sistema judicial respecto de personas en prisión preventiva. Además, al cumplir con normas modernas de infraestructura penitenciaria, puede servir de modelo para otras instalaciones similares.