El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, es actualmente el proyecto de infraestructura penitenciaria más importante de la República Dominicana, diseñado para reemplazar de manera definitiva a la antigua Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Inversión y Presupuesto

La inversión total del complejo ha sido dinámica debido a las múltiples etapas de licitación y los procesos de adecuación tras la paralización inicial del proyecto (relacionada con el caso Medusa).

• Monto Acumulado: Se estima que la inversión total ya supera los RD$8,300 millones.

• Contrataciones Recientes: Para la reactivación y culminación de la Fase I (entregada a finales de 2025), se adjudicaron contratos adicionales que rondaron los RD$2,400 millones, destinados a la terminación de la obra civil y sistemas de seguridad.

• Partida para 2026: El presupuesto ha incluido partidas específicas para el equipamiento tecnológico y la operatividad de los bloques que se integran este año.

Estatus Operativo y Avances (Abril 2026)

• Fase I en Funcionamiento: Desde noviembre de 2025, el centro comenzó a recibir sus primeros grupos de internos provenientes de La Victoria.

• Capacidad Actual: Al cierre del primer trimestre de 2026, se ha completado la reubicación de internos que ocupan aproximadamente el 50% de la capacidad del primer módulo habilitado.

• Plan de entrega gradual:

  • Primer Trimestre 2026: Entrega y puesta en marcha del bloque CA2, con capacidad para otros 2,400 internos.

  • Proyección Final 2026: Se espera que para finales de este año el traslado desde La Victoria concluya definitivamente, alcanzando la capacidad total proyectada del complejo.

El peso de esta inversión se justifica en un impacto social de dimensiones históricas: el quiebre del hacinamiento y la recuperación de la dignidad humana en el sistema judicial. Al destinar más de RD$ 166.9 millones adicionales solo en equipamiento especializado y mobiliario, el Estado dominicano ha transformado a Las Parras en un motor de reinserción social, dotado de aulas de formación y zonas productivas que preparan a más de 2,400 internos para su retorno a la sociedad. Esta obra no es simplemente un lugar de custodia, sino un activo estratégico de seguridad nacional que reduce la reincidencia delictiva y garantiza que la inversión pública se convierta en un pilar de paz social y orden institucional para las próximas décadas.